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Puertas al campo

Hace algo más de 10 años cerraron Napster. ¿Se han vendido más discos desde entonces? Me temo que no, si no que ha evolucionado el P2P llegando el eMule y BitTorrent. Después aparecieron las páginas de alojamiento de archivos tipo Megaupload, Rapidshare, etc. haciendo más que populares las descargas directas y las ahora tan perseguidas páginas de enlaces.  Ahorra cierran Megaupload, ¿van a cambiar las cosas? ¿Se van a vender más CDs/DVDs? Me sigo temiendo que no, aún quedan multitud de páginas similares. ¿Y sí las cerraran todas? ¿Cambiarían las cosas? Me sigo temiendo que no, aparecería sin lugar a dudas algún nuevo sistema/servicio que nos permitiría acceder a todo ese contenido.

Conclusión: todos los esfuerzos realizados en complicar y dificultar el acceso a dicho contenido serían mucho vas valiosos y útiles si los emplearan en innovar y en adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y la industria del contenido no se empeñara en seguir anclada en un modelo de negocio del siglo pasado. Renovarse o morir. Me parece que han optado por suicidarse directamente y acusarnos de asesinato a los usuarios. Otro camino es posible, como demuestran Spotify y Netflix.

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pelicula-cineBrillante conferencia sobre el P2P y los derechos de autor del abogado especialista en Internet Carlos Sánchez Almeida recientemente en Palma de Mallorca, a la que me hago eco a través de El Blog de Enrique Dans. En ella el conocido abogado expone la siguiente reflexión a partir del artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual, según el cual los derechos de una obra audiovisual se presumen cedidos en exclusiva al productor, esto es, al que financia la obra. Ya que gran parte del cine español está financiado con subvenciones públicas pagadas con los impuesto de los ciudadanos, ¿no somos los españoles los productores y lo que tenemos los derechos sobre el cine español?

Almeida además propone modificar el Capítulo III, medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual, de la Ley del Cine vinculando la percepción de las ayudas públicas e incentivos fiscales a la publicación de las obras con licencias libres, “que permitan la reproducción de las mismas sin restricciones, con reconocimiento de la autoría, al objeto de lograr su máxima difusión.” Y “si alguien quiere publicar su obra bajo copyright estricto, que se quede sin subvenciones y sin desgravación fiscal.  Película que financia el pueblo, película para el pueblo.”

Esto es algo que te puede parecer una utopía, pero Almeida nos recuerda que es más utópico “intentar mantener con vida, mediante ingente inversión pública, un sector en estado terminal. Como si se tratase de una especie protegida, y encima pretender que los ciudadanos pasen por caja y sigan consumiendo sin rechistar”.

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download_.gifSegún varios estudios España figura a la cabeza de Europa en lo que a descargas en la red se refiere. Con un 58% de los internautas españoles descargándose música frente a una media del 37% y un 52% descargándose películas frente a una media del 20%.

Esto es algo positivo contrariamente a lo que muchos puedan pensar. Ya que, como bien comentan en Mangas Verdes, muestra una “sociedad muy interesada en disfrutar y difundir la creación, amparados en una legislación que de momento no criminaliza el libre acceso a la cultura, siempre y cuando no haya ánimo de lucro”. Por mucho que le pese al culturetariado español. Que primero argumentó que el canon digital era “la única forma de salvaguardar el derecho de los usuarios a la copia privada, que de otra manera debería ser declarada ilegal por no existir mecanismos de compensación a los autores”. Y luego va al Tribunal de Justicia Europeo para intentar conseguir los datos de los usuarios que ejercen dicho derecho para criminalizarlos. Menos mal que el Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que las empresas de telefonía no están obligadas a ceder los datos de sus usuarios de Internet que realizan descargas de música a la Asociación de Productores y Editores de Música de España (Promusicae). Aunque aún pretenden que dicha sentencia haga que el Gobierno español legisle para obligar a las compañías de telefonía a ceder dichos datos.

Esto es para mear y no echar gota. Primero, les tenemos que compensar por lo que podamos hacer con todos los equipos y dispositivos capaces de grabar o reproducir contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual que hayamos comprado (canon digital). Para que después, si grabamos contenidos protegidos nos persigan para criminalizarnos. ¿Qué será lo próximo?

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Vía Blogoff descubro una entrevista en 20 Minutos a David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual y P2P, donde responde preguntas de los internautas sobre ¿Qué es ilegal en la Red? Entre ellas podemos encontrar la siguiente pregunta y una respuesta de lo más tajante y fácil de comprender (las negritas son mías):

Bajarse películas o música a través del emule para consumo propio y sin animo de lucro, ¿es legal?

Nuestro Código Penal establece en su artículo 270 que para que la reproducción de obras intelectuales sin autorización sea delictiva es necesario que exista ánimo de lucro, por lo que todas aquellas copias que se hagan para uso personal no tienen los elementos que exige el tipo penal.

Esto que digo choca con la propaganda que podemos ver en los cines y televisiones con los anuncios de “Ahora la Ley Actúa” y que aseguran que descargar de Internet es comparable a robar un bolso o un coche. Esa campaña, que tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, se basa en una interpretación expansiva del ánimo de lucro que no comparten ni la mayoría de la doctrina especializada, ni la Fiscalía General del Estado, ni las resoluciones judiciales que hay hasta la fecha sobre esta materia.

Queda por analizar si la descarga mediante redes P2P, pese a no ser un delito, incumple la Ley de Propiedad Intelectual. Las copias realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, en mi opinión, constituyen auténticas copias privadas y son, por lo tanto, lícitas. La única sentencia que se ha dictado en España sobre descarga de contenidos a través de Internet, calificó como copia privada la descarga sin autorización de obras a través de Internet.

Sin embargo, con la reciente reforma de la LPI, y gracias al trabajo constante de presión de la industria, la nueva definición de copia privada y la aparición del nuevo derecho de puesta a disposición deja mucho lugar a la interpretación y, por lo tanto, también a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica. Si bien por vía penal parece obvio que no existe posibilidad de ser condenados a las penas de multa y prisión que prevé el artículo 270 del Código Penal, es posible que por vía civil los tribunales consideren actualmente esas copias como ilícitas y que puedan dar lugar por tanto a las indemnizaciones previstas en la LPI.

Hace poco comenté en EBE07 la razón por la que, a mi juicio, hasta ahora no hay nadie sentado en el banquillo. Ésta no es otra que el hecho de que la industria se encuentra con el obstáculo de tener que identificar a los usuarios y con el de que la ley sólo admite que se cedan los datos de los mismos para esa identificación cuando se está en el curso de una investigación criminal, lo que no es el caso. Promusicae, de hecho, ya ha intentado demandar a usuarios por vía civil pero se ha encontrado, de momento, con que Telefónica se niega a cederle los datos de sus clientes al no tratarse de un procedimiento penal (art. 12 LSSI). El Juzgado que solicitó esos datos ha planteado este asunto como cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si la normativa española es compatible con el Derecho Comunitario. A este respecto un dictamen no vinculante de una abogada del Tribunal de Justicia dijo que “es compatible con el derecho comunitario (…) que los Estados miembros excluyan la comunicación de datos de tráfico personales para la persecución por vía civil de infracciones de los derechos de autor”.

Más claro agua. Eso sí, tener en cuenta que el tratamiento del software es distinto al de las películas y la música según aclara también David en su entrevista:

La LPI admite la copia privada de cualquier obra intelectual a excepción de los programas de ordenador, de los que sólo se permite la copia de seguridad del original. Por lo tanto las copias de videojuegos que no sean de seguridad constituyen un ilícito civil, si bien, si se carece de ánimo de lucro, no existe infracción penal.

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